El peso filipino enfrenta una creciente presión de depreciación frente al dólar, impulsada por una confluencia de inestabilidad política, tensiones geopolíticas y preocupaciones fiscales. La señal más reciente del 20 de julio informa una citación del Senado a los registros financieros del vicepresidente Duterte, lo que se suma a una serie de catalizadores bajistas. Anteriormente, el 6 de julio, un tribunal ordenó el arresto de un senador alineado con Duterte en medio de la investigación de la CPI sobre la guerra contra las drogas, lo que aumentó el riesgo político y disminuyó la confianza de los inversores extranjeros. El 11 de junio, China sancionó al jefe de defensa filipino, lo que provocó un sentimiento de aversión al riesgo y salidas de capital típicas de las monedas de los mercados emergentes. El 3 de junio, el presidente Marcos advirtió sobre un posible presupuesto extraordinario debido a un shock petrolero, lo que indica un aumento del déficit fiscal y una mayor demanda de dólares para las importaciones de petróleo. Estas señales bajistas se ven parcialmente compensadas por dos eventos alcistas: el 3 de julio, la promesa de un juicio político justo para Duterte redujo la prima de riesgo político, y el 5 de junio, una subasta de bonos del Tesoro atrajo la demanda extranjera, apoyando el peso. Sin embargo, las señales alcistas tienen un menor impacto y puntajes de confianza. En general, el peso está bajo presión sostenida por la agitación política interna y los shocks externos, con solo un apoyo intermitente de la estabilidad institucional y las entradas de capital. El Bangko Sentral ng Pilipinas puede intervenir, pero la tendencia dominante apunta a un mayor debilitamiento.